Comisiones Obreras - Federación de Enseñanza de Canarias

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lunes 6 de abril de 2020

lunes 3 de diciembre de 2018

Numerosos derechos por recuperar, multitud de tareas pendientes

El ámbito educativo, desde la generalidad a lo más cercano, lleva años patas arriba. La LOMCE llegó como una ley inoportuna, criticada por toda la comunidad educativa y con muchos apartados sin aplicar por su gran rechazo e inviabilidad. Antes de ella, los recortes de 2010 dejaron a miles de docentes interinos en el paro, mermaron la calidad de la enseñanza en el aula, aminoraron la inversión en educación y restaron poder adquisitivo a todo el colectivo docente.

Desde Comisiones Obreras, primer sindicato de la Enseñanza en Canarias, lamentamos que el proyecto de la nueva Ley de Educación, presentado recientemente por el gobierno central, no tenga en cuenta al profesorado pues entendemos que este es el momento de hablar de un Estatuto específico para el personal docente.

Hemos estado entre tinieblas con medidas muy perniciosas para la enseñanza canaria, aunque gracias al empeño y empuje de Comisiones Obreras que ha logrado cerrar el I Acuerdo para la mejora del empleo público el 27 de marzo de 2017, el Acuerdo de sexenios y otros complementos el 1 de septiembre de 2017, el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018 o el Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo en el sector público canario de 19 de octubre, comienza a verse la luz al final del túnel.

Estos acuerdos han permitido que el profesorado canario acerque sus retribuciones a las de sus homólogos del estado al tiempo que se frena la caída de su poder adquisitivo, que vea reflejada en el Proyecto de ley de presupuestos de Canarias para 2019 la recuperación de las 18 horas lectivas en Secundaria y otros Cuerpos docentes o que se eliminen los descuentos por situaciones de baja por enfermedad... Ahora que se ha conseguido recuperar parte de lo arrebatado durante la crisis y aunque se plantea un escenario algo más favorable, aún son muchos los deberes por hacer.

La reducción de las ratios, el aumento de plantilla, la negociación de un nuevo catálogo para educación infantil y primaria, la jornada laboral semanal real de 35 horas en todos los sectores docentes, la negociación de un nuevo sistema de regulación de listas de empleo, la construcción de nuevos centros o la remodelación de los antiguos que se encuentran en mal estado, la eliminación de todos los prefabricados y la climatización de las instalaciones educativas, el aumento de la oferta de plazas en la FP presencial, la eliminación de la carga burocrática al profesorado o la inclusión en el sistema público de la etapa de 0 a 3 años, son algunos de ellos.

No obstante, es evidente que sin inversión todo queda en buenas intenciones. Comisiones Obreras reclama un presupuesto educativo que supere el 4% del PIB en 2019 para poder hacer frente a ese objetivo, fijado en la Ley Canaria de Educación no universitaria, de llegar a una inversión del 5% del PIB en 2022.

Defendemos que se debe acabar de una vez con la precariedad laboral del profesorado y el empleo, pues la interinidad sigue estando en cotas superiores al 20% y Europa la fija en un 8%. La única manera de reducir el número de alumnas/os en cada grupo, bajar las ratios, es con más profesoras/es y acabar con la precariedad de su empleo.

Para CCOO las ratios máximas en cada uno de los niveles educativos deberían estar en torno a:

 Infantil y Primaria: 0-2 años (12 alumnas/os), 3 años (15 alumnas/os), 4-5 años (20 alumnas/os) y 6-12 años (20 alumnas/os)

 ESO, Bachillerato y FP: 25 alumnas/os, salvo los que por sus características requieran ratios inferiores, además de una reducción suplementaria de las ratios en FP Básica, módulos prácticos y PMAR.

Igualmente entendemos que se necesitan más recursos humanos y también materiales en los centros, nuevos perfiles profesionales como son las profesoras/es nativas/os o auxiliares de conversación, auxiliares educativos, asistentes sociales y sanitarios..., así como dotar loscentros de más orientadoras/es, con objeto de dar una verdadera atención individualizada al alumnado garantizando la atención a la diversidad.

Debe iniciarse la ampliación paulatina de la incorporación de la etapa de infantil de 0 a 3 años a nuestro sistema educativo, aprovechar los espacios existentes en los centros al tiempo que se vaya buscando o construyendo nuevos espacios.

Ha de garantizarse la pervivencia de las escuelas rurales en las islas, dotándola de los recursos necesarios para que se encuentren al mismo nivel que los otros centros, de forma que puedan competir con los servicios que estos últimos ofrecen.

Existen muchos centros en zonas con un clima difícil según la época del año, que no cuentan aún con patios o canchas cubiertas para la práctica del deporte o simplemente como zonas de esparcimiento del alumnado en su tiempo libre, son muchas las promesas pero pocos los que lo consiguen, lo que va en detrimento de las enseñanzas y del alumnado.

En cuanto a la Formación Profesional se hace urgente que se inicien negociaciones para mejorar o eliminar el sistema de ponderación de los horarios del profesorado en este sector, además de aumentar la oferta de FP presencial, pues se viene produciendo un aumento de la oferta solo en las modalidades semipresencial o a distancia, argumentando las dificultades económicas pasadas, lo que sugiere un engaño a la opinión pública y a la ciudadanía. El aumento de la oferta es clave para que las y los estudiantes puedan tener una esperanza de futuro pues son muchos los que quedan fuera del sistema cada año.

Demandamos que no se supriman unidades de Infantil, Primaria ni FP cuando en un curso se produce una menor demanda, solicitamos una moratoria para que se pueda analizar cómo evoluciona la demanda en esos centros o zonas y niveles educativos pues existe la probabilidad de salvar ese tipo de situaciones.

Aún nos queda por recuperar gran parte del poder adquisitivo de las y los docentes (100% del complemento específico en las pagas extras o el 5% disminuido en el sueldo base y los trienios en las pagas extras) y que todo el profesorado pueda optar al régimen de jubilación anterior a 2011, que fija la ley de la función pública.

Todo ello lo defendemos desde Comisiones Obreras entendiendo que ha de existir estabilidad de los planes y programas educativos, apostar por una educación inclusiva, equitativa y no segregadora, y contar necesariamente con una mayor inversión en educación, sin olvidar quesin mejoras en las condiciones laborales del profesorado no hay mejora en la educación y que no se puede legislar la educación sin el personal docente como protagonista.

Numerosos derechos por recuperar, multitud de tareas pendientes

lunes 3 de diciembre de 2018

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